El Gobierno fija un plazo de 10 días para finalizar la huelga de las ambulancias

El Ejecutivo nombra a José Subirats para que redacte el laudo definitivo

El Consejo de Gobierno celebrado ayer aprobó, ante la imposibilidad de un acuerdo negociado que ponga fin al conflicto del sector de transporte sanitario en Canarias, la imposición de un arbitraje obligatorio. La medida incluye la designación del mediador José Subirats Suegra que deberá escuchar a las partes y redactar el laudo obligatorio en el plazo máximo de 10 días.

LA OPINIÓN / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Una concentración anterior de los trabajadores ante la consejería de Sanidad.

El Consejo de Gobierno que se celebró ayer en Las Palmas de Gran Canaria aprobó la designación definitiva de un arbitraje obligatorio que ponga fin, en el plazo máximo de diez días, a la huelga de ambulancias que cumplió ayer, exactamente, 104 días desde que se iniciaran las movilizaciones.

El inspector del Tribunal Laboral Canario, José Subirats Suegras, ha sido la persona elegida como árbitro mediador entre las partes. Una vez escuchadas las posturas de las partes implicadas en el conflicto, Subirats será el encargado de la redacción del laudo con las medidas definitivas que deberán ser acatadas, obligatoriamente, por patronales y sindicatos representantes de los trabajadores.

La aprobación de la medida, impuesta por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, responde, explican desde el Ejecutivo "a la evidente falta de entendimiento entre las partes en conflicto y la gravedad de los perjuicios que está ocasionando la huelga a los usuarios del servicio".

El último Consejo de Gobierno, celebrado el pasado 24 de julio, había establecido como plazo máximo para la salida negociada al conflicto una semana. Pasados ya los siete días desde el ultimátum gubernamental, las posturas de las partes enfrentadas en el conflicto laboral siguen siendo irreconciliables. Máxime después de que, el pasado viernes 27, los representantes de la patronal decidieran abandonar definitivamente las negociaciones en virtud de la firma de un convenio estatal ratificado por el sindicato de Comisiones Obreras.

No obstante, pese a la designación del arbitraje obligatorio, el Gobierno de Canarias deja abierta una puerta para que las partes encuentren una solución negociada. "Aún existe la posibilidad de que la huelga concluya con un acuerdo entre las partes, ya que la intervención del árbitro no impide a la patronal y los trabajadores continuar los intentos de diálogo para alcanzar una salida pactada al conflicto abierto", aclararon fuentes del Ejecutivo.

La solución al conflicto, sin embargo, y a tenor de la negativa a negociar por parte de la patronal, quedará en manos del recién nombrado árbitro.

Nombramiento aceptado

Representantes del comité del huelga y miembros de la patronal de ambulancias coincidieron ayer en calificar de "muy acertada" la decisión del Gobierno de Canarias de nombrar a José Subirats Suegras como árbitro y redactor del laudo que ponga fin al conflicto de las ambulancias.

"Es una persona de reconocido prestigio, con conocimiento de la problemática y que goza de nuestra total confianza", manifestó, ayer al conocer la noticia, el secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Miguel Borredat.

Por su parte, los representantes de las patronales mostraron, de igual modo, su alegría por el nombramiento de Subirats. "Es una persona honesta el independiente y nos alegra que sea él el designado, no obstante, hemos repetido hasta la saciedad que acataríamos de buen grado cualquier decisión que, en esta línea, se hubiera tomado al respecto", aseguró Eugenio de Armas, secretario general de Artea.

Mientras, continúa el cruce de acusaciones entre sindicatos y los representantes de la patronal.

En este sentido, Eugenio de Armas acusó ayer de "velada amenaza y medida coaccionadora" las afirmaciones de los sindicatos asegurando que combatirían cualquier laudo que no incluyera la readmisión de los trabajadores sancionados.

Representantes de la patronal denunciaron, de nuevo, las enormes pérdidas que el conflicto ha ocasionado, tanto para los pacientes como para las empresas. En este sentido, De Armas volvió a hablar de los boicots y piquetes llevados a cabo por los trabajadores "Con roturas de neumáticos, roturas de parabrisas, motores y agresiones a instalaciones y directivos", enumeró el representante de Artea.

La patronal, por tanto, sigue amparándose en la firma del convenio estatal firmado el lunes en Madrid como texto de aplicación en el ámbito regional.

Manuel Guerra es sancionada por contratar personal durante el paro

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife ha sancionado a la empresa Manuel Guerra Castellano, SL, perteneciente a la patronal Artea, por contratación ilegal de trabajadores durante el periodo de huelga.

Manuel Guerra Castellano, SL es la operadora con mayor volumen de negocio en el sector de las ambulancias y más vehículos contratados con el Servicio Canario de Salud (SCS), según fuentes del comité de empresa de los trabajadores.

La denuncia, presentada por los representantes sindicales, se presentó "cuando detectamos, nada más anunciarse el preaviso de huelga, la contratación de trabajadores por parte de esta empresa", explicó Carlos Ojeda, de Comisiones Obreras.

En el informe, redactado por la inspectora de Trabajo y Seguridad Social que realizó las pesquisas en los dos centros de trabajo que la empresa tiene en Tenerife, confirma esas sospechas. "Se constata que se ha procedido a la contratación de trabajadores con posterioridad a la comunicación de la huelga y durante la duración de la misma". Por tanto, se ha procedido a levantar el correspondiente acta de infracción por lo contemplado en el artículo 6.5 del Real Decreto-ley 17/1997, de 4 de marzo, que establece que "en tanto que dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores no vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la misma".

Por su parte, el comité de huelga no descarta optar por la vía jurídico-laboral ya que, aseguran "no se nos ha comunicado ni la cuantía ni el tipo de multa que se le va a aplicar", sentenció Ojeda.

La Opinión de Tenerife - Miércoles, 01 de agosto de 2007