Ambulancias: Otra huelga en defensa del servicio público
La huelga de ambulancias, que durante más de cien días movilizó a la práctica totalidad de los trabajadores del sector, se enmarcó en lo que es ya una tradición de nuestra Federación: combatir el desmantelamiento de los servicios públicos. En esta ocasión fue el servicio de traslado de nuestros enfermos, un colectivo y un servicio que a tenor de como se han desarrollado los hechos, parece interesar muy poco a políticos, empresarios, y a un sindicato como UGT, que ha optado por boicotear cuantos acuerdos hubiesen llevado a buen puerto el conflicto.
En el plano laboral, el laudo dictado por el mediador José Subirats, resuelve gran parte de nuestras reivindicaciones, en particular las demandas salariales, en el avance hacia la homologación de los trabajadores canarios con sus compañeros del resto del Estado. Las mejoras se van a ver incrementadas una vez que se apruebe y entre en vigor el convenio estatal, que aporta mejoras en la jornada laboral, reconocimiento de categorías, incremento de la cobertura social y garantías en el proceso sancionador.
Esperamos que esta huelga y este laudo sean el punto y final al verdadero problema del sector: la dotación presupuestaria del Gobierno de Canarias en los concursos de adjudicación por debajo de los costes. CC.OO. lleva 15 años trabajando en solitario en una pelea muy difícil, prestando el apoyo que los trabajadores del sector demandaban para cobrar los salarios que legalmente les correspondían. El Gobierno de Canarias ha estado más de una década financiando muy en precario el servicio de ambulancias.
Los costes laborales son el coste mayor de las empresas concesionarias. Sin embargo, el Gobierno de Canarias durante años ha aportado dotaciones económicas para estos concursos que estaban por debajo de los costes salariales. Cómplices de esta situación han sido los empresarios que en esas condiciones, lejos de dejar desiertos los concursos, se peleaban por las concesiones, conscientes de que únicamente obtendrían beneficio vulnerando gravemente los derechos de los trabajadores. Esto ha lastrado al sector, ha minado la calidad del servicio y ha sido el origen de una enorme conflictividad laboral. Esperamos que este nivel de conflictividad, que ha obligado al gobierno a intervenir en los primeros días de legislatura, suponga también un borrón y cuenta nueva por parte del ejecutivo, que manifiesta haber puesto encima de la mesa el dinero necesario para el laudo, para dotar económicamente de forma adecuada los futuros concursos, y para entregar las concesiones a empresas serias y responsables que estén a la altura.
Por nuestra parte no todo el trabajo está hecho. Queda pendiente el importante asunto de los más de cien compañeros que han sido sancionados y los casi 50 despedidos durante las movilizaciones. Es posible que sea necesaria una acción sindical contundente si las empresas persisten en no cumplir con las recomendaciones del laudo. Además, queda pendiente que se forme la comisión paritaria que debe velar por el cumplimiento de la decisión arbitral.
A este respecto conviene mencionar que UGT ha vuelto una vez más a poner piedras en el camino de los derechos de los trabajadores, tratando de impedir que se nombren a los miembros de esta comisión. No es más que un nuevo capítulo del vergonzoso comportamiento de este sindicato durante toda la huelga, en la que siempre se ha alineado junto a los intereses empresariales.
Tampoco debemos permitir que las mejoras laborales oculten una realidad: Las empresas Tasisa, Manuel Guerra Castellano y Aeromédica se empeñaron durante todo el conflicto en secuestrar una solución al mismo, con la mera finalidad de mantener un pulso con el Gobierno que les permitiera asegurarse los próximos contratos. Lo cual es una actitud inmoral e ilegal que Comisiones Obreras ha denunciado. Hemos pedido al Gobierno canario, y ahora volvemos a insistir, en que no se den más contratos a estas empresas.
CyT Canarias - Nuestra Prensa – Octubre 2007
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