Huelga en la empresa Ambulancias M. Quevedo S.L., empresa concesionaria del transporte sanitario de titularidad pública de la provincia de Almería

La huelga se convoca para los días 21 y 23 de Agosto y 4 y 6 de Septiembre en la empresa Ambulancias M. Quevedo S.L., empresa concesionaria del transporte sanitario de titularidad pública de toda la provincia de Almería, en respuesta a las medidas que la empresa, en connivencia con SAS, a impuesto de forma unilateral y sin negociación alguna y que suponen que a partir del día de ayer, 1 de Agosto, se ha cambia el sistema de trabajo de los conductores/as de los puntos de urgencias de los Centros de Salud de Albanchez, Chirivel, Oria, María, Vélez Blanco, Abla, Canjáyar, Campohermoso (Nijar), Cabo de Gata, Sorbas y Tabernas.

Los sindicatos CCOO y CSIF convocan huelga para los días 21 y 23 de Agosto y 4 y 6 de Septiembre en la empresa Ambulancias M. Quevedo S.L., empresa concesionaria del transporte sanitario de titularidad pública de toda la provincia de Almería, en respuesta a las medidas que la empresa, en connivencia con SAS, a impuesto de forma unilateral y sin negociación alguna y que suponen que a partir del día de ayer, 1 de Agosto, se ha cambia el sistema de trabajo de los conductores/as de los puntos de urgencias de los Centros de Salud de Albanchez, Chirivel, Oria, María, Vélez Blanco, Abla, Canjáyar, Campohermoso (Nijar), Cabo de Gata, Sorbas y Tabernas, los cuales se encontraban realizando guardias permaneciendo de forma operativa en su punto base (centro de salud) a un sistema de guardias localización. En esta modalidad el/a conductor/a tan solo está obligado a estar localizado y disponible, en definitiva, que debe tener el teléfono activado y atenderlo cuando se le llame y no podrá alegar motivo alguno, injustificado claro está, para no incorporarse a su trabajo.

El dispositivo de localización está diseñado para que se pueda dar una respuesta a los picos de actividad no previstos en el transporte sanitario no urgente, como podrían ser los traslados de rehabilitación, diálisis, asistencia a cita con especialista, etc. pero aplicarlo en un punto de urgencias es "una aberración".Los/as conductores, desde el 1 de Agosto están, bien en su domicilio, bien realizando su actividad diaria y cuando surja una urgencia médica será avisado por el 061, tras lo que deberá trasladarse al Centro de Salud donde se hará cargo de la ambulancia, y desde allí se desplazará hasta el lugar donde suceda ésta. Por lo tanto, dependiendo de la ubicación del domicilio del conductor/a o del lugar donde se encuentre en el momento de la activación, el tiempo de respuesta será mayor o menor, pero siempre muy superior al que se está dando ahora.Esto supone que los almerienses que residan o estén pasando unos días en los municipios de la provincia que cubren los citados puntos de urgencia dispondrán de una respuesta mucho más demorada en el tiempo, ante urgencia, que el resto de almerienses. Pero no solo afectará a éstos, si no también a los que residan en los municipios colindantes, ya que el 061 organiza la red urgente de la provincia con un sistema de traslado de las unidades cercanas en caso de necesidad. Un ejemplo: en la actualidad cuando la ambulancia de Vélez Rubio se encuentra activada con un servicio y surge otra urgencia en dicha localidad, el 061 traslada la ambulancia de Vélez Blanco, cuyo conductor está junto a ella en su Centro de Salud. Pero desde del día 1 de Agosto el conductor de Vélez Blanco ya no está en el Centro de Salud.

Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que las ambulancias del 061 de la provincia de Almería no actúan en la mayoría de estas zonas y por lo tanto la única respuesta sanitaria ante una urgencia es la que pueda darle la ambulancia del Centro de Salud.

Esta medida a supuesto que 23 conductores/as con contrato indefinido han perdido su puesto de trabajo y que otros 33 han pasado de tener un contrato a tiempo completo a tenerlo de media jornada, por el que recibirán un sueldo neto que no llegará a los 600 euros mensuales.

¿Y todo esto para que?, pues para conseguir un ahorro en concepto de salarios de apenas 2.000 euros por punto de urgencias y mes, cantidad del todo ridícula si se tiene en cuenta que estamos tratando con vidas humanas y que la demora ante una urgencia puede suponer que alguien viva o no. Ahorro que quedará en nada tras el pago de las indemnizaciones por despido (unos 250.000 euros); además la Seguridad Social dejará de percibir las cotizaciones de los/as trabajadores/as y el INEM tendrá que pagarles la prestación por desempleo. En definitiva, se ofrece al ciudadano un servicio sanitario urgente deficiente y a la administración le cuesta esta medida mucho más que si lo hiciera de calidad como hasta ahora, por lo tanto nos encontramos ante un claro ejemplo de gestión nefasta del dinero público.

El SAS justifica esta medida por la necesidad de realizar recortes en su presupuesto, alegando que los puntos de urgencias donde se aplica la medida tienen muy poca actividad, algo que no se sostiene, ya que cuando se implantaron dichos puntos de urgencias ya se sabía que tendrían baja actividad, pero el criterio para su implantación no fue ese, fue la dispersión de la población de la zona y su distancia hasta el próximo punto de atención sanitaria urgente.Además ambos sindicatos quieren denunciar que para la selección de los/as trabajadores/as despedidos/as la empresa no ha utilizado ningún criterio objetivo, si no más bien todo parece indicar que se ha hecho uso del "revanchismo" contra los afiliados y simpatizantes a CCOO y CSIF (19 de 23), sindicatos que en la actualidad tienen plateado un conflicto colectivo contra la empresa por la imposición de un convenio que lesiona gravemente los derechos de los trabajadores/as, o incluso criterios que presuntamente podría lesionar gravemente los Derechos Fundamentales de los afectados, ya que varios despidos han recaído en personas que padecen enfermedad grave y en mujeres mayores de 45 años.Desde los sindicatos CCOO y CSIF pedimos al SAS que retorne al sentido común y deje sin efecto la medida tomada, y que si tiene que ajustar su presupuesto lo haga en otros ámbitos menos sensibles para los/as ciudadanos/as que la atención sanitaria urgente.