CCOO exige retirar a Transaltozano SL la concesión del transporte urgente sanitario y propone que lo gestione una empresa pública
Desde que asumió la concesión del transporte urgente sanitario de Castilla-La Mancha, la empresa Transaltozano viene incumpliendo gran parte de las obligaciones previstas en el pliego de condiciones que regula la externalización de este servicio público. CCOO exige que se le retire la concesión y propone crear una Empresa Pública regional para gestionar el transporte urgente sanitario, como ya han hecho varias comunidades autónomas.
Según denunciaron la secretaria general y el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Castilla-La Mancha, Carmen López y José Herrera, mientras el Pliego que regula la concesión establece un mínimo de empleo de 1.113 trabajadoras y trabajadores, Transaltozano sólo mantiene, según datos de la Seguridad Social, 1.030.
“Esto implica que la Administración está pagando el coste de 83 empleos que están previstos y dotados económicamente, pero no creados. A 25.000 euros anuales de salario bruto por puesto de trabajo, resulta que los socios de Transaltozano SL se están embolsando cada año 2.070.000 euros a costa del erario público y de 83 puestos de trabajo.”
CCOO instó tanto al Gobierno regional como al SESCAM a “poner punto y final”, a esta situación, a retirar a Transaltozano la concesión de la que se beneficia y a recuperar la gestión pública del Transporte Urgente sanitario mediante una empresa pública; como ya han hecho varias comunidades autónomas.
Convenio Colectivo
CCOO insiste en que, a la vista de la experiencia, la gestión pública del Transporte Urgente Sanitario no tiene por qué encarecer la prestación del servicio, sino al contrario, dado el altísimo lucro empresarial sustentado con dinero público; además de mejorar la calidad del servicio y del empleo.
En este sentido, CCOO indicó que Transaltozano incumple el Convenio Colectivo en materia salarial, de jornada, de salud laboral y de formación, entre otras.
Respecto a salarios, CCOO viene manteniendo reuniones con la dirección de la Empresa para normalizar el cumplimiento del Convenio, pero las propuestas de Transaltozano “siempre son las mismas y siempre se encuentran por debajo de lo acordado, lo cual engorda aún más el bolsillo de los empresarios.”
Igualmente, la empresa no ha dado formación e información a la representación sindical en materia de salud laboral; e incumple el pliego en lo relativo tanto a los equipos de protección individual como a la limpieza y desinfección de la cédula sanitaria y la cabina de conducción. Este último incumplimiento quedó acreditado en el Informe emitido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Guadalajara, con fecha de 1 de octubre de 2009.
No menos graves son los incumplimientos en formación de los conductores en conducción en situaciones peligrosas, formación que no se ha realizado.
CCOO denuncia también que “Transaltozano SL persigue y presiona a nuestros afiliados y afiliadas, con el objetivo de que el sindicato silencie estos hechos tan graves que se están produciendo a costa del dinero de las y los contribuyentes de Castilla-La Mancha, de casi un centenar de empleos y de la calidad del servicio público”.
Según denunciaron la secretaria general y el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Castilla-La Mancha, Carmen López y José Herrera, mientras el Pliego que regula la concesión establece un mínimo de empleo de 1.113 trabajadoras y trabajadores, Transaltozano sólo mantiene, según datos de la Seguridad Social, 1.030.
“Esto implica que la Administración está pagando el coste de 83 empleos que están previstos y dotados económicamente, pero no creados. A 25.000 euros anuales de salario bruto por puesto de trabajo, resulta que los socios de Transaltozano SL se están embolsando cada año 2.070.000 euros a costa del erario público y de 83 puestos de trabajo.”
CCOO instó tanto al Gobierno regional como al SESCAM a “poner punto y final”, a esta situación, a retirar a Transaltozano la concesión de la que se beneficia y a recuperar la gestión pública del Transporte Urgente sanitario mediante una empresa pública; como ya han hecho varias comunidades autónomas.
Convenio Colectivo
CCOO insiste en que, a la vista de la experiencia, la gestión pública del Transporte Urgente Sanitario no tiene por qué encarecer la prestación del servicio, sino al contrario, dado el altísimo lucro empresarial sustentado con dinero público; además de mejorar la calidad del servicio y del empleo.
En este sentido, CCOO indicó que Transaltozano incumple el Convenio Colectivo en materia salarial, de jornada, de salud laboral y de formación, entre otras.
Respecto a salarios, CCOO viene manteniendo reuniones con la dirección de la Empresa para normalizar el cumplimiento del Convenio, pero las propuestas de Transaltozano “siempre son las mismas y siempre se encuentran por debajo de lo acordado, lo cual engorda aún más el bolsillo de los empresarios.”
Igualmente, la empresa no ha dado formación e información a la representación sindical en materia de salud laboral; e incumple el pliego en lo relativo tanto a los equipos de protección individual como a la limpieza y desinfección de la cédula sanitaria y la cabina de conducción. Este último incumplimiento quedó acreditado en el Informe emitido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Guadalajara, con fecha de 1 de octubre de 2009.
No menos graves son los incumplimientos en formación de los conductores en conducción en situaciones peligrosas, formación que no se ha realizado.
CCOO denuncia también que “Transaltozano SL persigue y presiona a nuestros afiliados y afiliadas, con el objetivo de que el sindicato silencie estos hechos tan graves que se están produciendo a costa del dinero de las y los contribuyentes de Castilla-La Mancha, de casi un centenar de empleos y de la calidad del servicio público”.
CCOO apela a la responsabilidad de la Administración y solicita la destitución inmediata del Director General de Urgencias y Emergencias, Antonio Alvárez, conocedor de los hechos por parte de nuestro sindicato en reiteradas reuniones, y cómplice por no haber actuado en defensa de la calidad del servicio público y en el cumplimiento del Pliego de Condiciones de dicha adjudicación.
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