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LA EMPRESA QUE GESTIONA EL SERVICIO DE AMBULANCIAS EN AÑAZA SERA SANCIONADA

En la tarde de ayer se produjeron varias reuniones entre las instituciones implicadas en la atención de emergencias en Añaza; el motivo no fue otro que la custodia policial que exige la empresa TASISA para sus intervenciones en el barrio capitalino y que, a juicio del presidente de la asociación de vecinos 8 de Marzo, Luis Celso García, "resulta dantesco y no lo vamos a permitir más".

Al primero de los encuentros asistió el director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Andrés de las Casas, así como representantes de Gestión Sanitaria Canaria y el concejal presidente del distrito Suroeste, Hilario Rodríguez, que, tras discutir acerca de lo sucedido en los últimos meses, consideraron injustificada la medida tomada unilateralmente por la empresa que gestiona el servicio de ambulancias, ya que sólo hay constancia de una denuncia presentada en 2005 por lanzamiento de piedras y otra por el robo de un botiquín en 2006.

En este sentido, Hilario Rodríguez afirmó que "no existe ninguna otra denuncia, pero tampoco hay otros partes sobre incidentes".

En esta primera reunión se acordó que Gestión Sanitaria Canaria sancionara a TASISA por no cumplir con su obligación de atender inmediatamente las emergencias para las que son requeridos y postergar su servicio a la llegada de la presencia de la Policía, sin que llegase a precisarse la cuantía.

Asimismo, el CECOES (Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad), del que depende el teléfono de emergencia 112, controlará los tiempos de respuesta que tienen las ambulancias en sus desplazamientos a este barrio.

En la reunión con los representantes vecinales, se les explicó las medidas sancionadoras adoptadas, así como la necesidad de establecer una comunicación permanente entre todas las partes para evaluar el desarrollo de los acontecimientos y, si fuera necesario, tomar nuevas medidas.

Para el presidente de la AAVV 8 de marzo lo importante es que "queremos que esta situación no se siga repitiendo porque se está creando una gran alarma social", a lo que añadió que "estamos hablando de un derecho que nos asiste y lo que está claro es que los incidentes han sido mínimos".

La polémica surgió cuando los propios trabajadores de la empresa concesionaria se negaron a acudir a Añaza sin custodia policial, alegando que temían por su integridad física y llegando a afirmar que habían sido objeto de disparos de balines en varias ocasiones".

G. MAESTRE, S/C de Tenerife MARTES, EL DIA- 14 DE NOVIEMBRE DE 2006

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